Un informe revela que el 13 % de víctimas de feminicidio en Brasil tenía medidas de protección, evidenciando fallas en su aplicación y seguimiento.
Un reciente informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública reveló una cifra alarmante: cerca del 13 % de las mujeres víctimas de feminicidio en Brasil contaba con una medida judicial de protección vigente al momento del crimen.
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El estudio analizó 1.127 casos en 16 estados durante 2024 y encontró que 148 mujeres fueron asesinadas pese a haber recibido órdenes de alejamiento contra sus agresores. Estos datos ponen en evidencia una brecha crítica entre la decisión judicial y su cumplimiento efectivo, en un país donde la violencia de género sigue siendo un problema estructural.
Especialistas señalan que el problema no radica en la legislación, sino en su implementación. Para que una medida de protección funcione, el agresor debe ser notificado formalmente y las autoridades deben supervisar su cumplimiento. Sin embargo, el informe advierte fallas en la comunicación entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, lo que limita la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. 
En estados como Acre, Mato Grosso y São Paulo, los porcentajes de víctimas con medidas activas son aún más altos, lo que refuerza las dudas sobre la eficacia del sistema.
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Otro obstáculo es la ausencia de un sistema nacional unificado que permita rastrear si una víctima tenía protección vigente. Esta falta de información dificulta la prevención y el seguimiento de casos críticos.
El informe también confirma un patrón persistente: la mayoría de los feminicidios ocurre dentro del entorno íntimo. Ocho de cada diez casos fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Además, el 62 % de las mujeres asesinadas eran negras, lo que evidencia desigualdades raciales en la violencia de género.
Expertos coinciden en que el feminicidio suele ser el desenlace de una cadena de violencia previa. Muchas víctimas ya habían denunciado agresiones, lo que refuerza la urgencia de mejorar los mecanismos de protección.
Aunque Brasil cuenta con marcos legales avanzados, los datos muestran que la protección en papel no siempre se traduce en seguridad real, dejando a miles de mujeres en situación de vulnerabilidad incluso después de buscar ayuda.
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