Hospitales públicos rechazan realizar abortos pese a la ley. Las mujeres son derivadas a clínicas privadas, enfrentando estigma y desplazamientos innecesarios.
En España, las mujeres que desean interrumpir su embarazo por anomalías fetales enfrentan rechazo en hospitales públicos, a pesar de la reforma de la ley del aborto de 2022. La normativa prioriza que estas intervenciones se realicen en la red pública, pero más del 81% se derivan a clínicas privadas concertadas.
Susana, médica de un hospital en Madrid, buscó interrumpir su embarazo tras detectar una grave anomalía en el feto. A pesar de la disposición de los profesionales, el hospital le negó la intervención “por política del centro”. Susana fue derivada a una clínica externa, un proceso que describió como estigmatizante y desolador.
Las cifras de estos hospitales apenas superaron el 1%. En muchos casos, las mujeres deben viajar a otras ciudades para acceder al servicio, como le ocurrió a Rocío Medina, quien se trasladó de Córdoba a Sevilla para interrumpir su embarazo.
Además, muchas se sienten “desahuciadas” al ser rechazadas por sus hospitales de referencia. La ley exige que los servicios públicos garanticen personal disponible para realizar abortos y regula la objeción de conciencia a través de registros. Sin embargo, solo algunas comunidades han implementado esta medida, dejando sin opciones a miles de mujeres cada año. Silvia Aldavert, de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, señala que no hay sanciones para las comunidades que incumplen la ley, perpetuando desigualdades en el acceso.
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