
La Corte Suprema reportó una reducción de femicidios en 2025, pero organizaciones advierten diferencias metodológicas y alertan sobre casos que podrían quedar fuera.
La publicación del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia reabrió el debate sobre la evolución de la violencia de género en Argentina. Según el informe oficial, durante 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio, una disminución del 12,3 % frente a las 228 contabilizadas en 2024. La cifra equivale a una víctima cada 44 horas.
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El reporte de la Corte también incorporó 19 víctimas vinculadas, para un total de 219 personas afectadas por este tipo de violencia. Sin embargo, especialistas y organizaciones sociales advierten que la reducción observada no necesariamente implica una disminución proporcional de todos los crímenes por motivos de género.
La directora del Observatorio Lucía Pérez, Claudia Acuña, explicó que existen diferencias metodológicas entre los registros oficiales y los elaborados por organizaciones de la sociedad civil. Mientras la Corte contabiliza causas judiciales caratuladas como femicidio, el observatorio incluye casos en investigación, travesticidios, desapariciones y otras formas de violencia extrema.
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El Observatorio Lucía Pérez informó 271 femicidios y transfemicidios durante 2025. Según Acuña, algunos crímenes vinculados a contextos de violencia territorial o narcotráfico pueden no ser clasificados judicialmente como femicidios, lo que influye en los resultados estadísticos finales.
Por su parte, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, atribuyó parte de la disminución a las políticas de prevención implementadas en territorio bonaerense. No obstante, advirtió que los intentos de femicidio y las situaciones de violencia extrema continúan generando preocupación.
Familiares de víctimas también cuestionan la respuesta institucional. Marcela Sorrentino, hermana de Macarena Sorrentino, fallecida junto a su hijo León en un incendio ocurrido en 2024, aseguró que aún persisten interrogantes sobre el tratamiento judicial del caso.
Mientras las estadísticas muestran una reducción en los registros oficiales, organizaciones especializadas coinciden en que la violencia de género sigue representando un desafío urgente. El debate actual se centra en cómo medir el fenómeno y garantizar que ningún caso quede fuera de los sistemas de registro y protección estatal.
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