La Fundación Faro quedó en el centro de la discusión pública tras cuestionamientos por la reserva de información sobre sus principales donantes y sus balances.
La Fundación Faro, vinculada al espacio político del presidente argentino Javier Milei, enfrenta cuestionamientos por la falta de acceso público a la identidad de sus principales aportantes. La controversia surgió luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) entregara documentación contable de la organización, pero mantuviera bajo reserva el anexo donde figuran los donantes más importantes.
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La entidad presentó su balance correspondiente a 2024 con varios meses de demora y, según reportes periodísticos, también registró retrasos en la entrega de documentación financiera posterior. El debate se intensificó cuando distintos medios solicitaron información sobre los aportes recibidos por la fundación y encontraron restricciones para acceder a esos datos.
La IGJ argumentó que la identidad de los aportantes está protegida por la legislación argentina relacionada con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Según el organismo, esa información no forma parte de la documentación registral de acceso público y su divulgación estaría limitada por normas de confidencialidad vigentes.
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Sin embargo, diversos sectores señalaron que en años anteriores la misma dependencia había entregado información similar sobre fundaciones vinculadas a otros espacios políticos, lo que abrió una discusión sobre los criterios aplicados actualmente.
La Fundación Faro informó ingresos cercanos a los 4.900 millones de pesos durante 2024, una cifra que despertó interés sobre el origen de los recursos. La organización realiza actividades de formación, difusión de ideas y eventos de recaudación que cuentan con la participación de empresarios, académicos y dirigentes políticos.
Especialistas en transparencia consideran que conocer quiénes financian entidades vinculadas a la actividad política contribuye al control ciudadano y fortalece la confianza institucional. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes defienden la reserva de los datos por razones legales y quienes reclaman una mayor publicidad sobre el financiamiento de organizaciones con influencia en la vida pública argentina.
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Fuente: elDiarioAr.com
