Ilva Myriam Hoyos llega al Ministerio de Educación con un historial de posiciones ultraconservadoras sobre aborto y derechos reproductivos que genera preocupación.
Ilva Myriam Hoyos Castañeda, una de las figuras más conservadoras de la Procuraduría durante la administración de Alejandro Ordóñez, asumirá el Ministerio de Educación del Gobierno de Abelardo De la Espriella, en reemplazo de Viviane Morales.
Su nombramiento vuelve a poner bajo la lupa sus posiciones sobre el aborto, los derechos sexuales y reproductivos y la objeción de conciencia. Durante su paso por el Ministerio Público, Hoyos protagonizó varios enfrentamientos con decisiones de la Corte Constitucional y con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
La nueva ministra cuestionó decisiones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo y emprendió acciones judiciales contra personas y funcionarios vinculados con la defensa de estos derechos.
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Uno de los episodios más controversiales ocurrió alrededor de la Clínica de la Mujer en Medellín. Hoyos cuestionó el funcionamiento del centro por considerar que podía incentivar el aborto, pese a que la interrupción del embarazo estaba despenalizada en Colombia bajo las causales reconocidas entonces por la Corte Constitucional.
También presentó acciones contra la abogada y activista Mónica Roa y denunció a los magistrados Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas por una decisión relacionada con una mujer que buscaba interrumpir su embarazo.
Sus críticos cuestionaron que sus convicciones religiosas pudieran influir en el ejercicio de sus funciones públicas.
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Hoyos es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra. También desarrolló una extensa carrera académica en la Universidad de La Sabana y ocupó cargos directivos y de investigación.
Su nuevo cargo tendrá especial relevancia por su capacidad de incidir en políticas educativas, contenidos escolares, educación sexual, infancia y adolescencia.
La llegada de una funcionaria con este historial genera preocupación entre quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos. La principal pregunta ahora es si sus posiciones ultraconservadoras y religiosas marcarán las políticas educativas del Gobierno de De la Espriella y si esa visión podría convertirse en una amenaza para derechos conquistados durante las últimas décadas.
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