La reforma de seguridad de José Antonio Kast propone ampliar los poderes presidenciales mediante un estado de excepción de hasta 240 días y genera críticas por sus riesgos.
El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta cuestionamientos por una amplia reforma de seguridad que propone crear un nuevo estado de excepción con una duración de hasta 240 días, sin requerir la aprobación previa del Congreso.
La iniciativa permitiría al Ejecutivo invocar esta figura ante una “amenaza grave o inminente” y asumir facultades extraordinarias sobre derechos como la libre circulación y reunión. También contempla mecanismos de interceptación de comunicaciones privadas bajo criterios que críticos consideran demasiado amplios.
Juristas, académicos y sectores políticos han advertido sobre los riesgos de concentrar estas atribuciones en el Ejecutivo y reducir los controles institucionales.
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El proyecto también plantea que el Ejecutivo, junto con el Senado mediante una sesión secreta, pueda definir las organizaciones que integrarían un registro oficial de agrupaciones criminales y terroristas.
La propuesta incluye además restricciones sobre prestaciones sociales para personas que hayan cumplido condenas por determinados delitos. Sus críticos cuestionan que estas medidas puedan extender las consecuencias de una condena incluso después de cumplir una pena.
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El debate ocurre mientras el Gobierno impulsa también un programa económico que sus detractores relacionan con las políticas aplicadas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La discusión ha recuperado conceptos como “democracia protegida” y ha puesto nuevamente bajo la lupa el papel de instituciones como el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). La reforma busca otorgarle nuevas funciones para identificar organizaciones consideradas amenazas al Estado.
La controversia coincide con la celebración del Foro de Madrid en Santiago, espacio internacional vinculado a fuerzas de ultraderecha y del que el Partido Republicano de Kast forma parte. Durante el encuentro, el presidente argentino Javier Milei reivindicó el golpe de Estado de Pinochet y llamó a combatir a la izquierda en las instituciones.
Aunque Kast retiró la urgencia legislativa de su reforma ante la falta de apoyos, sostiene que el nuevo estado de excepción resulta “irrenunciable”. Para sus críticos, el retroceso legislativo no elimina la preocupación de fondo: la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos democráticos.
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