El Colegio Médico Dominicano pidió al Senado revisar artículos del nuevo Código Penal al considerar que podrían afectar la atención médica y vulnerar derechos constitucionales.
El Colegio Médico Dominicano (CMD) solicitó al Senado revisar varios artículos del nuevo Código Penal al considerar que podrían afectar el ejercicio de la medicina y generar consecuencias negativas para la atención de los pacientes. La petición fue presentada durante una reunión con la Comisión de Salud de la Cámara Alta, donde el gremio entregó una propuesta formal de modificaciones.
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El presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez, advirtió que la normativa, si entra en vigor sin cambios, podría incentivar una práctica conocida como “medicina defensiva”, en la que los profesionales prioricen evitar consecuencias legales antes que tomar decisiones clínicas oportunas.
Según explicó Peña Núñez, los artículos 8, 9, 12 y 354 de la Ley 74-25 presentan disposiciones que, a juicio del gremio, contradicen la Constitución y podrían afectar el derecho a la salud reconocido en el artículo 61 de la Carta Magna.
Entre los puntos observados se encuentran las normas sobre responsabilidad penal de las empresas, las sanciones por omisión y las penas previstas para quienes emitan certificaciones médicas con información falsa.
El dirigente sostuvo que el objetivo del CMD no es impedir el avance de la legislación, sino promover ajustes que ofrezcan mayor seguridad jurídica a los profesionales sin afectar la protección de los pacientes.
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Durante el encuentro, Peña Núñez afirmó que el Colegio Médico busca una solución equilibrada que beneficie tanto al personal sanitario como a la población dominicana. Añadió que corresponde al Congreso Nacional decidir si el Código Penal entra en vigencia o si incorpora las modificaciones solicitadas.
La discusión sobre la reforma penal continúa generando debate entre distintos sectores. Mientras el CMD insiste en revisar los artículos cuestionados, el Senado evaluará los planteamientos antes de definir los próximos pasos del proyecto.
El caso reabre la discusión sobre el equilibrio entre la responsabilidad penal de los profesionales de la salud, la seguridad jurídica y el derecho de los pacientes a recibir atención médica oportuna y de calidad.
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