
Un informe revela que la falta de vivienda y ayudas económicas limita la reparación de la violencia de género en mujeres migrantes en España.
La reparación del daño causado por la violencia de género continúa siendo un derecho de difícil acceso para muchas mujeres migrantes en España. La falta de vivienda y de ayudas económicas, sumada a trabas administrativas, limita su capacidad para reconstruir una vida libre de violencias, según alerta el informe Migradas II. Reparación de las violencias de género.
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El estudio, elaborado por el Área de Mujer del Movimiento por la Paz (MPDL) y financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, analiza los procesos de reparación desde una perspectiva interseccional y pone el foco en las desigualdades que enfrentan las víctimas-supervivientes migradas.
El informe señala que la reparación se ha entendido de forma reducida, casi siempre vinculada a compensaciones económicas, mientras se descuidan aspectos clave como la rehabilitación integral, el reconocimiento simbólico y las garantías de no repetición. Esta limitación afecta con mayor intensidad a las mujeres migrantes, atravesadas por precariedad laboral, estatus administrativo inestable y ausencia de redes de apoyo.
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La investigación se apoya en encuestas a 363 mujeres migradas y a cerca de 100 profesionales de recursos sociales, además de grupos focales. Más del 67 % de las mujeres declaró haber sufrido violencia de género, muchas veces tanto en su país de origen como en España.
Solo el 25 % de las mujeres accedió a ayudas económicas y apenas el 20 % contó con una alternativa habitacional. Aunque la mayoría utilizó servicios jurídicos, sociales y psicológicos, estas carencias materiales frenan procesos de reparación sostenidos. De hecho, solo el 21 % se considera completamente reparada.
El informe advierte que la condición migratoria sigue pesando: un 42 % afirma que ha afectado negativamente su reparación. Ante este escenario, MPDL propone garantizar vivienda segura, ingresos mínimos, regularización administrativa y atención a la maternidad, además de reforzar la formación del personal y la coordinación institucional para reducir la violencia institucional y avanzar hacia una reparación real.
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