El Gobierno de Milei reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que permite aplicar responsabilidad penal desde los 14 años y suma medidas de control y seguimiento.
El Gobierno de Javier Milei reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que permite aplicar responsabilidad penal a adolescentes desde los 14 años. El Decreto 875/2026 lleva las firmas de Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
La medida concreta uno de los principales reclamos de sectores de derecha, que durante años impulsaron una reducción de la edad de imputabilidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la entrada en vigencia con una frase de fuerte tono punitivo: “Se terminó la excusa de la edad para delinquir”.
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El decreto designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y crea nuevas estructuras para implementar el régimen. Entre ellas aparecen el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, el Comité Interministerial, la Mesa Federal y el Registro Nacional de Reincidencia.
Las sanciones contempladas van desde amonestaciones y servicios comunitarios hasta el monitoreo electrónico y la prohibición de salir del país. El régimen también establece medidas socioeducativas y mecanismos de seguimiento para los adolescentes alcanzados.
El Gobierno deberá coordinar estas políticas con los sistemas de salud, educación, seguridad y protección de niños, niñas y adolescentes.
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La implementación llega acompañada por cuestionamientos sobre el presupuesto destinado al régimen. Durante el debate legislativo, sectores opositores advirtieron que varias provincias carecen de establecimientos para alojar a adolescentes y cuestionaron quién financiará la infraestructura necesaria.
El nuevo esquema también contempla supervisores especializados en áreas como educación, psicología, trabajo social y adicciones.
Mientras el oficialismo presenta la medida como una herramienta contra el delito juvenil, sus críticos cuestionan el enfoque punitivo y reclaman políticas de prevención, educación y protección de derechos.
Con la reglamentación, el Gobierno pone en marcha una reforma que modifica de manera significativa la respuesta del Estado frente a los delitos cometidos por adolescentes y abre una nueva disputa sobre seguridad, infancia y justicia juvenil en Argentina.
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