Javier Milei defendió en Nueva York la apertura de importaciones en Argentina, mientras empresarios y sindicatos alertan por cierres de empresas y pérdida de empleos.
El presidente de Argentina, Javier Milei, defendió con firmeza su política de apertura de importaciones durante un evento en Nueva York, mientras sectores industriales de su país advierten que la competencia externa está debilitando a numerosas empresas locales.
El mandatario participó en la inauguración de la Argentina Week, una iniciativa del gobierno destinada a atraer inversiones internacionales. Durante su discurso, aseguró que la apertura comercial beneficia a millones de consumidores y cuestionó las críticas de empresarios que consideran que la medida perjudica a la industria nacional.
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“Cuando hablan de apertura indiscriminada, en realidad están reclamando por cazar en el zoológico”, afirmó el presidente ante potenciales inversores.
Milei sostuvo que su administración mantendrá el rumbo económico, incluso frente a presiones o críticas de sectores que históricamente se beneficiaron de políticas proteccionistas.
La apertura de importaciones forma parte del programa económico que el gobierno impulsa desde finales de 2023 para ampliar la oferta de productos y contener la inflación.
Sin embargo, sectores industriales aseguran que el impacto ha sido severo. Estimaciones privadas indican que unas 20.000 empresas han reducido su actividad o cerrado debido a la competencia de productos importados.
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La Unión Industrial Argentina advirtió que la industria atraviesa una etapa crítica marcada por una fuerte presión fiscal y dificultades para acceder al financiamiento.
Según la organización, el sector aporta 27% de la recaudación fiscal nacional y genera cerca del 19% del empleo formal en el país.
Durante su intervención, Milei también cuestionó a varios líderes empresariales. Entre ellos mencionó a Paolo Rocca, del Grupo Techint, y a Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa de neumáticos FATE y de la productora de aluminio Aluar.
El mandatario los acusó de haber obtenido privilegios en el pasado mediante vínculos con la clase política tradicional. El debate se intensificó después de que FATE anunciara el cierre de su planta y el despido de unos 900 trabajadores, una decisión que el gobierno atribuye a cambios en las condiciones del mercado.
Mientras el Ejecutivo insiste en que la economía se reacomodará con nuevos sectores competitivos, sindicatos y empresarios advierten que la transición podría provocar un fuerte impacto social en el corto plazo.
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