El Gobierno de Javier Milei autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, destinado a cubrir necesidades transitorias de financiamiento durante el Ejercicio Fiscal 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 584/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La asistencia será gestionada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, luego de un pedido realizado por la administración cordobesa ante dificultades temporales para cumplir compromisos presupuestarios y obligaciones vinculadas al pago de deuda.
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El decreto establece que el monto final del desembolso dependerá de la evaluación que realice la Secretaría de Hacienda sobre la capacidad de repago de la provincia y su participación dentro del régimen de coparticipación federal.
Los fondos deberán devolverse durante el año 2026 mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables que Córdoba recibe del Tesoro Nacional. Además, el acuerdo contempla una tasa de interés nominal anual del 15%, aplicada sobre el saldo pendiente desde el momento del desembolso hasta la cancelación total.
Como garantía, la provincia afectará los recursos provenientes de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal y otros fondos distribuidos por Nación hasta cubrir el capital recibido y los intereses correspondientes.
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Según los fundamentos del decreto, este tipo de anticipos busca responder a problemas temporarios de liquidez y no representa una transferencia adicional de recursos de libre disponibilidad para las provincias. La normativa también recuerda que el Ejecutivo nacional otorgó asistencias similares a otras jurisdicciones en los últimos meses, entre ellas Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, bajo condiciones financieras equivalentes.
La Secretaría de Hacienda tendrá la facultad de definir el cronograma de desembolsos, las condiciones operativas y los mecanismos de devolución. Además, la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación participarán en el registro y control de la operación. El acuerdo refleja la utilización de mecanismos previstos por la legislación vigente para atender necesidades financieras provinciales mientras las administraciones locales enfrentan sus compromisos presupuestarios.
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