Organizaciones feministas exigen eliminar el delito de aborto en México, pese a fallo de la Corte en 2023 que lo declaró inconstitucional.
Diversas organizaciones feministas en México exigieron la eliminación total del delito de aborto en todo el país, en línea con el fallo emitido en 2023 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las activistas señalaron que, aunque la sentencia declaró inconstitucional criminalizar el aborto, el Congreso aún no ha eliminado este delito del Código Penal federal. Según el fallo, penalizar la interrupción del embarazo viola los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes .
El reclamo ocurre en el marco del 19 aniversario de la despenalización parcial del aborto en la Ciudad de México, considerada pionera en la región.
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Representantes de colectivos como REDefine México y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos coincidieron en que los avances logrados siguen siendo limitados. Aseguran que mantener el aborto en los códigos penales perpetúa la criminalización, pese a los criterios judiciales.
Aunque más de la mitad de los estados han despenalizado el procedimiento, aún existen diferencias en su regulación y acceso. La decisión de la Corte marcó un precedente nacional, pero su implementación depende de reformas legislativas pendientes.
Las organizaciones plantean que el siguiente paso debe ser eliminar completamente el delito y regular el aborto únicamente desde el sistema de salud. También destacan que esta medida permitiría reducir la estigmatización y garantizar atención médica segura.
El tema continúa generando debate en México, especialmente ante el crecimiento de movimientos conservadores que cuestionan estos avances. Las ONG advierten que, sin cambios legales claros, existe riesgo de retrocesos.
Funcionarias del gobierno capitalino reconocieron avances en el acceso, pero admitieron que persisten brechas. Mientras tanto, iniciativas legislativas recientes no han logrado avanzar en el Congreso.
A casi dos décadas del primer paso en la Ciudad de México, el país enfrenta el desafío de armonizar sus leyes con el criterio constitucional. Para las organizaciones, eliminar el delito no es solo una deuda pendiente, sino una condición clave para garantizar derechos.
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