Perú archivó el caso de las esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Fujimori. Las víctimas denuncian impunidad y llevarán la decisión ante instancias interamericanas.
Mujeres peruanas que denunciaron esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) rechazaron el archivo de la investigación fiscal sobre estos procedimientos. Las afectadas calificaron la decisión como un golpe a su búsqueda de justicia y anunciaron que acudirán a instancias interamericanas de derechos humanos.
En una rueda de prensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Dionicia Calderón, una de las denunciantes, describió la noticia como «un balde de agua helada». Calderón, campesina de Ayacucho, figura entre las 4.172 personas que, según el expediente, fueron sometidas presuntamente a ligaduras de trompas o vasectomías sin consentimiento válido o de manera forzada.
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Los procedimientos formaron parte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de 1996-2000. Las víctimas sostienen que nunca recibieron información suficiente sobre las intervenciones y relatan dolor, maltrato y consecuencias permanentes para su salud y sus proyectos de vida.
La investigación incluía al expresidente Fujimori, fallecido en 2024, y a varios exministros, entre ellos Alejandro Aguinaga, actual senador y dirigente fujimorista.
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La directora ejecutiva de la organización, Tania Pariona, cuestionó que la Fiscalía archivara el caso pese a los elementos que, según afirmó, justificaban investigar a 52 personas. Atribuyó la decisión a la Ley 32107, que regula la aplicación temporal de los delitos de lesa humanidad y que organizaciones de derechos humanos consideran una vía de impunidad.
Maribel Meza, representante de una asociación de víctimas de Cusco, pidió anular la norma y denunció que el Estado sigue sin garantizar justicia ni reparación. Otras mujeres recordaron que descubrieron las esterilizaciones cuando intentaron volver a quedar embarazadas.
El caso de Celia Ramos, quien murió en 1997 tras una intervención vinculada al programa, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2025, el tribunal condenó al Estado peruano por su responsabilidad en ese caso.
Para las sobrevivientes, el archivo no borra lo ocurrido: prolonga una lucha por el reconocimiento, la reparación y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
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