Organizaciones feministas alertan por 43 femicidios en Santa Fe y cuestionan un proyecto oficial que condicionaría la protección de víctimas a una denuncia previa.
La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario advirtió sobre el aumento de femicidios y transfemicidios en Santa Fe y pidió medidas urgentes de prevención y protección. Según Silvia Augsburger, exlegisladora nacional e integrante del colectivo, la provincia registra 43 femicidios en lo que va del año, una cifra que supera los niveles de años anteriores y duplica la media nacional, de acuerdo con el comunicado.
El colectivo también rechazó un proyecto del Gobierno provincial que ya obtuvo media sanción en el Senado. Considera que la iniciativa representa un retroceso porque no incorpora una perspectiva de género ni reconoce las desigualdades que enfrentan mujeres y diversidades.
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Augsburger señaló que el proyecto plantea la figura de una «persona protegida» sin reconocer las condiciones específicas de la violencia contra mujeres y disidencias. También cuestionó que las medidas de protección dependan de una denuncia policial o judicial previa.
Según la exlegisladora, solo el 14 % de las víctimas de femicidio había denunciado anteriormente. Por eso, advirtió que exigir ese paso podría dejar sin protección a muchas personas que enfrentan amenazas, miedo o desconfianza en la respuesta judicial.
La Asamblea exige duplicar los recursos para la atención territorial, impulsar campañas de prevención, garantizar apoyo económico y facilitar el acceso a vivienda y patrocinio jurídico gratuito.
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Además, pidió que la Cámara de Diputados analice las propuestas de las legisladoras Claudia Balagué y Lucila De Ponti, que incluyen medidas concretas y garantías materiales para proteger a las víctimas.
El colectivo anunció una movilización frente a la Legislatura y prevé definir nuevas acciones. Mientras el oficialismo busca avanzar con su proyecto, las organizaciones reclaman una respuesta que priorice la prevención y no obligue a las víctimas a denunciar para recibir protección.
La discusión legislativa ocurre en medio de una emergencia que, según las organizaciones, exige respuestas urgentes y políticas públicas con perspectiva de género.
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