
El Congreso de Brasil suspendió una norma que protegía el acceso al aborto legal de niñas y adolescentes víctimas de violación y regulaba su atención integral.
El Congreso de Brasil suspendió la resolución que regulaba la atención de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y garantizaba el acceso al aborto legal en los casos permitidos por la legislación del país. La decisión quedó firme luego de que el Senado aprobara la medida, tras el respaldo previo de la Cámara de Diputados.
La resolución, emitida por el Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (Conanda), establecía protocolos para la atención integral de menores embarazadas por violación, uno de los tres supuestos en los que el aborto es legal en Brasil. Con la aprobación del Senado, la suspensión entrará en vigor una vez que sea promulgada oficialmente.
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Durante el debate, la mayoría conservadora del Senado respaldó el informe presentado por la senadora Damares Alves, quien argumentó que el Conanda no tiene facultades para crear derechos ni modificar procedimientos establecidos por el Congreso.
Según la legisladora, asuntos como la participación de los representantes legales y los protocolos vinculados al aborto legal deben ser regulados mediante leyes aprobadas por el Poder Legislativo y no por resoluciones administrativas.
Por su parte, la senadora Eudócia Caldas afirmó que la suspensión busca evitar que la normativa favorezca la práctica del aborto.
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La norma suspendida establecía mecanismos para evitar la revictimización de niñas y adolescentes durante los procesos judiciales y sanitarios. También garantizaba atención confidencial, asistencia jurídica gratuita y protocolos especializados para el personal de salud.
Además, protegía la autonomía de las menores en los casos previstos por la legislación brasileña, impidiendo que terceros interfirieran en decisiones relacionadas con su atención.
Actualmente, Brasil solo permite el aborto cuando el embarazo es consecuencia de una violación, existe riesgo para la vida de la gestante o se diagnostica anencefalia fetal. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en 2025 nacieron cerca de 275.000 hijos de madres adolescentes, de los cuales alrededor de 11.600 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años, grupo en el que toda relación sexual constituye legalmente violación de persona vulnerable.
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