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Juristas piden a Abinader aprobar un Código Penal que incluya las tres causales, protegiendo la dignidad de niñas y mujeres ante situaciones extremas.
El país se encuentra ante una decisión histórica. El nuevo Código Penal que discute el Congreso podría convertirse en un instrumento de protección de derechos o en un símbolo de retroceso. Para juristas como Olivo Rodríguez Huertas y Servio Tulio Castaños Guzmán, el texto actual, que excluye las tres causales para la interrupción del embarazo, representa una agresión directa contra la dignidad de las mujeres y niñas dominicanas. Además, es terrible que sectores políticos pretendan eliminar por completo las tres causales, dejando sin amparo legal a quienes más lo necesitan.
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Rodríguez Huertas recordó que el respeto a la dignidad humana es el fundamento de la Constitución. Sin embargo, la exclusión de las causales:
Esto desconoce la realidad de quienes enfrentan circunstancias límite.
El jurista advirtió que sin un marco legal claro, los médicos quedarán atrapados entre la ética y el temor a la cárcel, lo que podría costar vidas. “Obligar a una mujer violada a parir es un acto de crueldad”, recalcó Castaños Guzmán. Ambos coinciden en que este proyecto mezcla dogmas religiosos y machismo político para imponer normas que atentan contra la libertad y la dignidad.
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El debate trasciende lo jurídico. Se trata de decidir si el Estado dominicano protegerá a las más vulnerables o si permitirá que la política electoral y los prejuicios religiosos dicten la vida de las mujeres. La ausencia de las causales no solo genera inseguridad jurídica, también condena a las familias a enfrentar tragedias evitables.
En palabras de Castaños Guzmán, lo que se busca no es imponer abortos, sino garantizar una opción humana y constitucional. Negarla convierte al Código Penal en una sentencia de muerte silenciosa.
Mientras el reloj legislativo avanza hacia el 5 de agosto, el presidente Luis Abinader tiene ante sí la oportunidad de cumplir sus promesas y dejar un legado de justicia. No basta con observar desde el Ejecutivo; la historia recordará si su gobierno permitió o impidió esta ignominia.
Proteger la vida y la dignidad de mujeres y niñas es más que una obligación legal: es un acto de humanidad y de visión histórica. Un Código Penal sin las tres causales es un país que les da la espalda a las más queridas en los hogares Dominicanos.
Ya son varios los juristas expertos que llaman al presidente Abinader, no solo a cumplir sus promesas sino a dejarle al país un Código Penal que proteja a nuestras niñas y mujeres.
