Amnistía Internacional demandó al municipio de San Isidro por un protocolo que, según denuncia, impone barreras ilegales al acceso al aborto.
Amnistía Internacional presentó una demanda judicial contra la Municipalidad de San Isidro para frenar la aplicación de un protocolo sanitario que, según la organización, obstaculiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina.
La entidad sostiene que las disposiciones municipales contradicen la Ley 27.610 al imponer requisitos que no contempla la normativa nacional. Entre ellos figuran entrevistas psicológicas, consultas con el servicio social y procedimientos adicionales que, según la denuncia, pueden generar demoras y afectar la autonomía de mujeres y personas gestantes.
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Amnistía Internacional afirmó que el protocolo también compromete la confidencialidad y modifica la forma en que se computa el plazo legal para realizar la práctica.
Otro de los puntos cuestionados es la decisión de centralizar las interrupciones del embarazo en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, excluyendo a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). La organización considera que esta medida restringe el acceso oportuno a la atención médica y podría constituir una forma de objeción de conciencia institucional, una práctica prohibida por la legislación argentina.
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Durante 2024, 2025 y 2026, Amnistía Internacional recibió testimonios de mujeres que denunciaron requisitos adicionales, comentarios moralizantes y presuntas acciones destinadas a desalentarlas en el ejercicio de sus derechos.
Además, profesionales de la salud señalaron haber sufrido presiones para declararse objetores de conciencia bajo amenazas laborales. La existencia del protocolo salió a la luz tras una investigación periodística y posteriormente fue confirmada por el municipio en una causa judicial impulsada por la organización.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió que ninguna autoridad local puede modificar las condiciones establecidas por la Ley 27.610 y recordó que los municipios tienen la obligación de garantizar el acceso efectivo a los derechos reconocidos por la legislación nacional.
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