Medios argentinos reportan que el asesinato del prefecto Octavio Romero, quien iba a protagonizar el primer matrimonio igualitario en la fuerza, sigue impune 15 años después.
Quince años después del asesinato del suboficial de la Prefectura Naval Argentina Octavio Romero, el caso continúa sin responsables condenados. Medios argentinos reportan que el crimen, reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un presunto crimen de odio, permanece estancado mientras crecen las denuncias sobre discriminación y violencia contra las personas LGBTIQ+.
Otras noticias: Costa Rica rechaza ante la ONU términos que visibilizan la violencia de género
Romero, de 33 años, planeaba casarse con su pareja, Gabriel Gersbach, en diciembre de 2011. De concretarse, habría sido el primer integrante de una fuerza de seguridad argentina en celebrar un matrimonio igualitario tras la aprobación de la ley que legalizó estas uniones en 2010.
Sin embargo, el 17 de junio de 2011 su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata. Testimonios incorporados al expediente señalaron que el prefecto sufría hostigamientos, amenazas y actos de discriminación dentro de la institución por su orientación sexual.
Léase también: La extrema derecha de Chile busca que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar
En lugar de profundizar la hipótesis del crimen de odio, la investigación se concentró durante años en la pareja de la víctima. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la fiscalía utilizó estereotipos discriminatorios y omitió líneas de investigación relacionadas con el contexto de violencia homofóbica que enfrentaba Romero.
Un informe anónimo recibido en 2015 incluso mencionó un supuesto operativo organizado para impedir el matrimonio entre ambos y señaló la existencia de pruebas que nunca llegaron a recuperarse tras un allanamiento tardío.
En 2022 el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por no garantizar una investigación efectiva ni proteger los derechos de Romero y Gersbach. Aunque se acordaron medidas de reparación simbólica, varias quedaron paralizadas tras el cambio de gobierno en 2023.
El caso sigue abierto, pero sin avances relevantes desde 2016. Mientras tanto, organizaciones LGBTIQ+ advierten que la impunidad envía un mensaje peligroso en un contexto donde los crímenes de odio y la violencia institucional contra las diversidades continúan siendo una grave deuda pendiente para Argentina.
Te puede interesar: La filtración que puso bajo la lupa a Dialog y sus reuniones
.jpg)