El Congreso peruano destituyó a Dina Boluarte tras un aumento alarmante de la criminalidad y una ola de indignación pública que hundió su apoyo político a mínimos históricos.
La presidenta Dina Boluarte fue destituida la madrugada del viernes por el Congreso peruano, que aprobó con 122 votos a favor y ninguno en contra su salida del poder. La medida se tomó en medio de una crisis marcada por el aumento de la criminalidad, la corrupción y una profunda pérdida de apoyo popular.
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La decisión ocurrió horas después de un tiroteo durante un concierto de cumbia en Lima, hecho que reflejó el creciente descontrol de la violencia en el país. “Nos gobierna la vergüenza”, decía uno de los carteles frente al Congreso, donde decenas de manifestantes celebraron la vacancia presidencial.
El titular del Congreso, José Jerí, asumirá de forma interina hasta las elecciones generales del 12 de abril, a menos que los legisladores elijan a otro mandatario. La destitución representa un golpe para la coalición de derecha y centro que había sostenido a Boluarte durante los últimos tres años, pese a su popularidad en mínimos del 4%.
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El país enfrenta un incremento récord de extorsiones, asesinatos por encargo y ataques con explosivos. Según cifras policiales, los casos de extorsión pasaron de unos pocos cientos en 2017 a más de 2.000 al mes en 2025.
Boluarte también lidió con denuncias de corrupción y abuso de poder, incluyendo el uso de relojes Rolex presuntamente recibidos como sobornos. Su gestión, marcada por estados de emergencia ineficaces y leyes favorables a aliados políticos, terminó de quebrar la confianza ciudadana.
Su destitución confirma la inestabilidad política crónica de Perú, que ha visto caer a seis presidentes en dos décadas. En un país agotado por el crimen y la corrupción, la salida de Boluarte no disipa las dudas sobre el futuro inmediato: el poder sigue en manos de un Congreso tan impopular como el gobierno que acaba de derrocar.
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