Informe de Surkuna revela que las mujeres en Ecuador enfrentan violencia, criminalización y trabas legales para acceder al aborto, incluso en casos de violación.
Un informe de la organización feminista Surkuna reveló que las mujeres en Ecuador enfrentan violencia institucional, castigos legales y desconocimiento generalizado al intentar acceder a un aborto legal.
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El informe “Libres de Castigo. Barreras, burocracia y violencia institucional para acceder a la interrupción legal del embarazo en el Ecuador” acompañó 95 casos entre 2021 y 2024. De ellos, el 40 % fueron embarazos producto de una violación; más de la mitad de esas víctimas eran menores de 19 años.
Tatiana Jiménez Arrobo, vocera de Surkuna, explicó que la principal barrera estructural es la penalización del aborto en el Código Penal, que genera ambigüedades e incumplimientos de la normativa vigente. Aunque existen causales legales, como peligro para la vida o gestaciones por violación, estas no garantizan la atención efectiva.
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Entre 2014 y 2024, al menos 542 personas fueron criminalizadas por aborto consentido, muchas en condiciones de pobreza o tras emergencias obstétricas. Solo en 2023, Surkuna recibió 484 solicitudes de información sobre el tema.
El desconocimiento del personal de salud, la estigmatización y el uso irregular de la objeción de conciencia llevaron a mujeres como Isabel, de 16 años, a viajar a otra ciudad para recibir atención. En otros casos, como el de Luna, de 14 años, la intimidación familiar y médica la hizo desistir del procedimiento.
Surkuna y el Movimiento Justa Libertad solicitaron a la Corte Constitucional la eliminación del delito de aborto en el Código Penal. La demanda fue admitida en mayo de 2024, pero aún no se ha resuelto.
Mientras tanto, las organizaciones piden mejorar los protocolos de atención, garantizar derivaciones inmediatas y difundir información clara sobre los derechos de las víctimas.
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