Organizaciones proaborto buscan mantener el derecho a interrumpir el embarazo en el debate electoral de EE.UU., donde millones de latinas viven bajo restricciones.
Organizaciones defensoras de los derechos reproductivos en Estados Unidos buscan mantener el aborto entre las prioridades de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Advierten que más de seis millones de personas latinas en edad reproductiva viven en estados con restricciones al procedimiento.
La preocupación se intensificó después de que la Corte Suprema revocara en 2022 el precedente de Roe v. Wade, que reconocía la protección constitucional del aborto. Desde entonces, cada estado define sus propias normas y más de 20 mantienen prohibiciones o limitaciones.
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Una mayoría quiere que las candidaturas hablen del tema
Según una encuesta de la Kaiser Family Foundation (KFF), el 57 % de las personas votantes considera “extremadamente” o “muy importante” que las candidaturas hablen del aborto.
David Berrios, de Reproductive Freedom for All, señaló a EFE que el tema continúa movilizando a las comunidades. Alejandra Soto, portavoz latina de Planned Parenthood, sostuvo que una ley federal sería necesaria para garantizar el acceso sin depender de las diferencias entre estados.
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Las latinas y el derecho a decidir
Las organizaciones también cuestionan la idea de que la población latina tenga una postura mayoritariamente contraria al aborto. Un sondeo de Pew Research Center indica que el 56 % de las personas hispanas considera que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.
Restricciones y prioridades económicas
El análisis de organizaciones como National Partnership for Women & Families y el Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva estima que más de seis millones de personas hispanas en edad reproductiva viven bajo restricciones.
Berrios relaciona las decisiones electorales con las preocupaciones económicas y el acceso a la salud. Las organizaciones, además, critican los recortes de fondos federales a entidades de salud reproductiva y las designaciones de funcionarios que respaldan restricciones a medicamentos como la mifepristona. El debate sobre el aborto vuelve así a cruzarse con la economía, la salud y la representación política de las comunidades latinas.
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