Hijas de Celia Ramos piden a Perú cumplir el fallo de la Corte IDH por su muerte tras una esterilización forzada en 1997, parte del programa aplicado durante el gobierno de Fujimori.
Las hijas de la peruana Celia Ramos pidieron al Estado de Perú cumplir la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabiliza al país por la muerte de su madre tras una esterilización forzada en 1997.
La decisión del tribunal regional llega a pocos días del Día Internacional de la Mujer y marca un precedente en América Latina. La corte concluyó que Ramos fue presionada y desinformada por personal sanitario que le practicó una ligadura de trompas sin condiciones médicas adecuadas. La mujer murió tras agonizar durante 19 días.
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Su hija mayor, Marisela Monzón, explicó que la familia recurrió a instancias internacionales tras años sin avances judiciales en el país. “Estamos representando a miles de mujeres que sufrieron lo mismo”, afirmó durante una conferencia de prensa.
El caso de Ramos ocurrió durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, cuyo programa de planificación familiar promovió esterilizaciones masivas en zonas rurales y pobres.
La Corte IDH determinó que el programa estatal ejecutó más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y unas 24.000 de hombres, muchas sin consentimiento válido. El tribunal señaló que el plan se dirigió principalmente a mujeres pobres, rurales e indígenas.
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Las hijas de Ramos, entre ellas Marcia Monzón, participaron en un acto público junto a organizaciones como DEMUS y el Centro de Derechos Reproductivos. Durante el evento, exhibieron telas con miles de nombres de mujeres esterilizadas sin consentimiento.
En Perú, las investigaciones sobre el programa han enfrentado múltiples obstáculos. Las autoridades archivaron el caso en varias ocasiones y lo reabrieron después de nuevas denuncias. Actualmente existen más de 3.300 reportes relacionados con esterilizaciones forzadas.
La sentencia ordena al Estado peruano pagar cerca de 340.000 dólares a la familia de Ramos, realizar un acto público de disculpa y adoptar medidas para evitar que hechos similares se repitan. Para las víctimas, el fallo representa un paso importante hacia la verdad después de casi tres décadas de búsqueda de justicia.
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