Organizaciones guatemaltecas alertan sobre la violencia sistemática que sufren las niñas, marcada por abusos, discriminación y falta de protección estatal.
Diversas organizaciones sociales de Guatemala denunciaron la existencia de una violencia “sistemática y persistente” contra las niñas del país. Los casos de abuso sexual, explotación laboral y maltrato se mantienen en niveles alarmantes, en un contexto de impunidad y debilidad institucional.
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En conferencia de prensa, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la Fundación Fe y Alegría y el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) manifestaron su “profunda preocupación” ante el incumplimiento del Estado en proteger los derechos fundamentales de la niñez.
Nery Rodenas, representante de la ODHAG, señaló que “cada embarazo infantil es evidencia de violencia sexual”, y advirtió que la falta de políticas efectivas de prevención perpetúa el ciclo de abuso y silencio.
Ana Pérez, docente de Fe y Alegría en Totonicapán, subrayó la doble discriminación que enfrentan las niñas indígenas por su género y origen étnico. Relató que muchas deben abandonar la escuela para cuidar de sus hermanos y asumir responsabilidades adultas en condiciones de pobreza extrema.
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Dulce Vicente, una estudiante de 12 años, narró cómo en su comunidad las niñas son objeto de violencia verbal y psicológica, y algunas son forzadas a casarse por decisiones familiares motivadas por dinero.
Según Mirna Montenegro, del OSAR, 3,3 millones de niñas enfrentan vulnerabilidad en Guatemala. Las organizaciones exigieron al Estado garantizar la vida y la integridad de todas las menores, especialmente en zonas rurales.
También pidieron a la sociedad no permanecer indiferente: “El silencio y la inacción también son formas de violencia”, advirtieron.
El mensaje fue claro: la violencia contra las niñas no es un hecho aislado, sino una emergencia nacional que exige justicia, prevención y compromiso real del Estado.
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