Miles protestan en India contra una ley que exige validación médica para reconocer la identidad de género, eliminando el derecho a la autodeterminación.
Miles de personas han salido a las calles en distintas ciudades de India para rechazar una reforma que limita el derecho a la autodeterminación de género. Las movilizaciones se han intensificado tras la aprobación del proyecto en el Parlamento.
Las protestas se concentran en ciudades como Nueva Delhi, Mumbai y Chennai, donde activistas denuncian que la nueva legislación vulnera derechos fundamentales reconocidos desde 2014. 
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La reforma, impulsada por el Gobierno de Narendra Modi, modifica el sistema vigente y establece controles médicos obligatorios para validar la identidad de las personas trans. 
El cambio más polémico elimina el principio de autoidentificación reconocido por el Tribunal Supremo en el histórico fallo NALSA de 2014, que garantizaba este derecho sin requisitos médicos. 
La nueva norma exige que una Junta de Evaluación Médica determine la identidad de cada persona, lo que ha sido calificado por activistas como un retroceso.
Colectivos trans aseguran que esta medida “patologiza” sus identidades y crea barreras económicas, ya que muchos no pueden costear procedimientos o evaluaciones médicas.
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Uno de los puntos más criticados ha sido la rapidez del proceso legislativo. El proyecto avanzó en menos de dos semanas por ambas cámaras del Parlamento, pese a las objeciones de la oposición. 
Bajo consignas como “Mi cuerpo no es un diagnóstico”, los manifestantes denuncian que la ley pone en riesgo a millones de personas, especialmente a quienes viven en zonas rurales o pertenecen a comunidades tradicionales como la hijra.
Organizaciones civiles han anunciado que presentarán recursos ante la justicia para frenar la implementación de la ley.
Los críticos sostienen que la reforma contradice principios constitucionales y podría agravar la exclusión social de la comunidad trans. Mientras tanto, el Gobierno defiende que los cambios buscan evitar el uso indebido de beneficios estatales. 
El conflicto abre un nuevo capítulo en el debate sobre derechos y reconocimiento en India, donde la tensión entre políticas públicas y libertades individuales vuelve al centro de la discusión.
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