La ofensiva conservadora en EE.UU. ya no se limita al aborto: recortes, desinformación y bloqueos legales ponen en riesgo el acceso a la anticoncepción.
El retroceso de los derechos reproductivos en Estados Unidos se ha intensificado y ya no se limita al aborto. Bajo la administración Trump, la anticoncepción se ha convertido en un nuevo frente de disputa política y legislativa. Recortes presupuestarios, cambios administrativos y discursos alarmistas han empezado a erosionar el acceso a métodos anticonceptivos dentro y fuera del país.
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“No solo están cortando fondos al aborto, también a anticonceptivos, salud materna y VIH”, explica Karla Gonzales-García, directora de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional en EE. UU. Para la experta, el ataque es simultáneo y acelerado. “Antes iban a por una cosa; ahora lo hacen por todos lados”, advierte.
Actualmente, 41 estados imponen algún tipo de restricción al aborto. En ese contexto, el acceso a anticonceptivos también se resiente. Un estudio publicado en JAMA Network Open en junio de 2024 analizó más de 143 millones de prescripciones de anticonceptivos orales entre 2021 y 2023 y detectó una caída nacional del 25,6 %.
El descenso fue mayor en los estados con prohibiciones totales del aborto, donde las prescripciones bajaron un 4,1 % adicional frente a los estados con restricciones intermedias. En la anticoncepción de emergencia, la brecha se amplió aún más.
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En esos estados, las prescripciones de la píldora del día después cayeron un 65 %. El cierre de clínicas y la confusión legal explican parte del fenómeno. La mitad de las mujeres encuestadas creía, erróneamente, que el levonorgestrel era ilegal.
Estados Unidos reconoce el derecho a la anticoncepción desde 1965, pero nunca lo blindó con una ley federal. Los intentos recientes en el Congreso fracasaron, mientras varios estados avanzan en protecciones propias.
En paralelo, los recortes a Medicaid y las restricciones a proveedores como Planned Parenthood golpean con más fuerza a mujeres con menos recursos. “El impacto siempre recae en las mismas personas”, resume Gonzales-García.
Aunque muchas medidas apuntan al aborto, la experta alerta de una estrategia clara: difuminar la frontera entre aborto y anticoncepción para preparar el terreno a nuevas prohibiciones.
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