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El Senado de República Dominicana aprobó un proyecto de Código Penal con retrocesos graves en derechos humanos, según advierte Participación Ciudadana.
El Senado de la República Dominicana ha dado un paso que pone en riesgo derechos fundamentales al aprobar en primera lectura la reforma al Código Penal. Esta acción no sólo desoye las más de 100 recomendaciones presentadas en Vistas Públicas, sino que también ignora los más de 150 comentarios presentados por el Ministerio Público. Participación Ciudadana ha alzado la voz y con razón. Este proyecto legislativo representa un preocupante retroceso en materia de derechos humanos, igualdad, lucha contra la corrupción y acceso a la justicia.
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El nuevo texto penal criminaliza el aborto en todos los casos, sin excepciones. Ni la vida de la madre, ni la violación, ni la inviabilidad fetal justifican, según esta versión, una interrupción del embarazo. Esto no solo va contra los estándares internacionales, sino que también perpetúa una violencia estructural contra las mujeres.
El proyecto también limita la protección contra la discriminación. Excluye la orientación sexual como categoría protegida y habilita que actos discriminatorios puedan justificarse en la "libertad de conciencia". Esto abre la puerta a violencias justificadas en prejuicios y creencias retrógradas.
El proyecto aprobado exime de responsabilidad penal a entidades como el Estado, partidos políticos, ayuntamientos e iglesias. Esta cláusula refuerza la impunidad institucional y socava la lucha contra la corrupción.
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También omite la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, una herramienta esencial para perseguir la corrupción estructural que por años ha dañado la confianza ciudadana.
La posibilidad de que tribunales militares juzguen penalmente a militares y policías también vulnera un principio constitucional. Esta práctica ya fue prohibida por el Tribunal Constitucional (TC/0350/19), pero el proyecto insiste en incluirla.
A esto se suman normas ambiguas sobre espionaje, que podrían ser utilizadas para criminalizar el periodismo de investigación y restringir el acceso a información pública. Además, se mantienen penas de cárcel por difamación e injuria, medidas que, según los organismos internacionales, deben ser tratadas en el ámbito civil.
Participación Ciudadana ha sido clara: el Congreso debe actuar con responsabilidad y abrir un espacio real de diálogo. La Cámara de Diputados aún puede corregir el rumbo y frenar un texto que amenaza la democracia dominicana. También el presidente Luis Abinader debe ser coherente con sus promesas de campaña. Si el Código Penal se aprueba con estos vicios, tiene el deber constitucional de observarlo y solicitar su modificación.
Los derechos humanos no son negociables. La igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y la libertad de expresión no deben sacrificarse por presiones conservadoras o intereses de poder. La construcción de un país justo, transparente y equitativo no puede cimentarse sobre impunidad, discriminación y silencio.
República Dominicana necesita un Código Penal que enfrente los desafíos del siglo XXI sin retroceder en las conquistas sociales del siglo XX. Es tiempo de corregir el rumbo, y el momento es ahora.
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