El Gobierno de Javier Milei participó en una cumbre impulsada por Donald Trump para coordinar acciones contra movimientos de izquierda, generando preocupación entre organismos de derechos humanos.
El Gobierno de Javier Milei participó en una cumbre organizada por Estados Unidos para debatir una estrategia internacional contra lo que la administración de Donald Trump denomina “terrorismo político de extrema izquierda”. La reunión, celebrada en Washington, reunió a representantes de más de 60 países y contó con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Finanzas argentino, Pablo Quirno.
Durante el encuentro, Rubio planteó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional mediante el intercambio de inteligencia y la coordinación entre fuerzas de seguridad para enfrentar amenazas consideradas ideológicas. En su discurso, mencionó organizaciones armadas de las décadas de 1970 y 1980 y afirmó que Estados Unidos busca reconstruir una arquitectura global de seguridad con ese objetivo.
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Las declaraciones despertaron preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que recordaron los antecedentes de la Doctrina de Seguridad Nacional aplicada durante la Guerra Fría y su vínculo con persecuciones políticas, desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos en América Latina.
Especialistas también señalaron que una definición amplia del concepto de “terrorismo de izquierda” podría abrir la puerta a la criminalización de movimientos sociales, organizaciones sindicales, estudiantiles o de protesta, afectando libertades fundamentales como la expresión, la reunión y la participación política.
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La participación argentina coincidió con la reasignación de partidas presupuestarias para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que recibió nuevos fondos destinados a gastos reservados. Meses atrás, el Gobierno también había anunciado la creación de un centro nacional antiterrorista.
Aunque el Ejecutivo argentino no difundió detalles adicionales sobre su participación en la cumbre, el alineamiento con la estrategia impulsada por Washington reabrió el debate sobre los límites entre la seguridad nacional y la protección de los derechos civiles. Organismos de derechos humanos advirtieron que cualquier política de inteligencia debe respetar el Estado de derecho, evitar la persecución por motivos ideológicos y garantizar las libertades democráticas.
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