El Gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución de 1991, generando críticas de la oposición.
El Gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto de ley ante el Congreso para convocar una Asamblea Constituyente, con el objetivo de reformar la Constitución de 1991. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien afirmó que el proceso busca crear instituciones que respondan “a las necesidades del siglo XXI”.
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Esta es la primera vez que el Ejecutivo recurre al camino legal para avanzar en una propuesta que el presidente ha defendido desde su campaña: que sea “el pueblo” quien decida los cambios estructurales del país.
Según la Constitución actual, el Congreso debe aprobar una ley que permita a los ciudadanos decidir, mediante votación popular, si se convoca la Asamblea. Luego, la Corte Constitucional revisará y deberá avalar la propuesta.
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Para que la convocatoria sea válida, se necesita el voto afirmativo de al menos una tercera parte del censo electoral, es decir, unos 13 millones de sufragios. El desafío llega en un momento políticamente complejo, ya que el país se prepara para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
La propuesta ha recibido duras críticas de la oposición, que considera la iniciativa inoportuna. El senador Efraín Cepeda señaló que Petro busca “distraer de los problemas del país”. Sin embargo, el mandatario convocó a sus seguidores a movilizarse en la Plaza de Bolívar, frente al Congreso, en defensa de la “soberanía popular”.
El proyecto plantea una Asamblea de 71 delegados elegidos por voto popular, con representación de pueblos indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres y víctimas del conflicto. De ser aprobada, la Asamblea sesionaría durante tres meses para redactar una nueva Constitución, mientras el presidente recibiría facultades extraordinarias por seis meses para reglamentar su funcionamiento.
La iniciativa marca uno de los pasos más ambiciosos del Gobierno Petro, que busca dejar una huella institucional profunda antes de culminar su mandato.
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