Chile atraviesa una de sus crisis de seguridad más profundas en décadas, y la respuesta del gobierno parece un reflejo de políticas estadounidenses: mano dura, militarización de barrios y leyes más estrictas, sin abordar las causas estructurales de la violencia. En lugar de priorizar la prevención, la educación y la inclusión social, las autoridades optan por medidas que generan resultados visibles a corto plazo, pero que no resuelven el problema de fondo.
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El enfoque de “más control policial” puede dar la sensación de acción inmediata, pero se parece peligrosamente a lo que ocurrió en ciudades estadounidenses como Mineápolis o Chicago, donde la militarización y los operativos agresivos profundizaron la violencia y la desconfianza ciudadana. Chile corre el riesgo de repetir esos errores: una respuesta centrada en la fuerza que desatiende la desigualdad, la falta de oportunidades y la exclusión social, factores que alimentan la criminalidad.
El gobierno chileno parece más preocupado por cifras y titulares que por resultados sostenibles. La política de endurecimiento penal y represión directa ha demostrado en Estados Unidos que produce alivio temporal, pero también perpetúa un ciclo de violencia y miedo. La estrategia ignora que los barrios vulnerables no necesitan más patrullajes ni sanciones extremas; necesitan programas sociales, acceso a educación y empleo, y una policía cercana y confiable.
Esta visión represiva tiene otro efecto colateral: debilita la relación entre ciudadanos e instituciones. La seguridad se convierte en control, y la justicia en castigo. Los sectores más vulnerables viven bajo constante vigilancia, mientras los responsables de delitos mayores encuentran maneras de evadir el sistema. El resultado es un círculo vicioso que erosionará aún más la legitimidad del Estado chileno si se mantiene esta línea de acción.
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La influencia del modelo estadounidense es clara. En EE .UU., la estrategia de seguridad basada en fuerza ha producido ciudades divididas, con comunidades marginadas y un aumento sostenido de la violencia en ciertas zonas. Adoptar este enfoque en Chile implica asumir riesgos similares: barrios militarizados, jóvenes criminalizados y un Estado percibido como distante y represivo. La mano dura puede ser visible, pero la prevención social, que disminuye la violencia a largo plazo, queda completamente relegada.
La experiencia norteamericana también muestra que la seguridad basada en la fuerza genera descontento social. En Chile, esto podría traducirse en protestas, desobediencia civil y una mayor polarización política. La estrategia del gobierno, que prioriza la intervención policial y judicial sobre la prevención y la inclusión, parece más una apuesta política que una solución real.
El gobierno chileno tiene herramientas para abordar la crisis de forma efectiva, pero las ignora. Programas de prevención, educación y empleo para jóvenes, junto a una policía de proximidad confiable y con enfoque comunitario, son alternativas que han demostrado reducir la violencia en distintos contextos. Sin embargo, la autoridad insiste en el modelo de mano dura, copiando un sistema que ha fracasado en otros países.
Si Chile persiste en este camino, no solo enfrentará mayores tensiones sociales, sino que verá aumentar la desconfianza hacia las instituciones y la policía, mientras los problemas de fondo permanecen intactos. La seguridad no puede ser solo un asunto de patrullajes y leyes más duras; requiere inversión social, diálogo con las comunidades y políticas que ataquen las raíces de la violencia.
Chile corre el riesgo de convertirse en una versión latinoamericana de Estados Unidos en términos de seguridad: más control, más miedo y menos justicia. El gobierno tiene la oportunidad de demostrar que puede proteger a los ciudadanos sin repetir errores de países donde la mano dura ha fracasado. Ignorar esta lección sería costoso para toda la sociedad.
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