Un tribunal de EEUU bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros que Trump invocó para deportar a venezolanos, abriendo un debate constitucional de gran alcance.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans rechazó este martes el intento de Donald Trump de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de migrantes venezolanos acusados de integrar la pandilla Tren de Aragua. La norma, diseñada para tiempos de guerra, había sido invocada en marzo pese a que no existe un conflicto declarado.
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La jueza Leslie Southwick, apoyada por Irma Carrillo Ramírez, sostuvo que el Ejecutivo no puede justificar deportaciones masivas al catalogar las actividades criminales como una “invasión”. El único voto favorable fue del magistrado Andrew Oldham, designado por Trump. Con esta decisión, el tribunal coincidió con la ACLU, que denunció la vulneración del debido proceso.
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El fallo pone en duda las deportaciones de más de un centenar de venezolanos enviadas a El Salvador en marzo, muchos sin antecedentes penales. La ACLU celebró la resolución como una “victoria clave contra los abusos del Ejecutivo”. Sin embargo, expertos anticipan que la Administración apelará y que el caso podría terminar en el Tribunal Supremo.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros genera preguntas sobre los límites del poder presidencial. ¿Puede un mandatario recurrir a una norma bélica para asuntos migratorios en tiempos de paz? El Departamento de Justicia insiste en que el Tren de Aragua funciona como fuerza paramilitar vinculada al régimen de Maduro, aunque no existen pruebas sólidas que lo respalden.
La intervención del Supremo en dos ocasiones previas evidencia su interés en el caso, lo que refuerza la posibilidad de una resolución final en esa instancia.
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