El gobierno de Guatemala presentó una política para proteger a defensores de derechos humanos, pese a que varios activistas y periodistas siguen presos o exiliados.
El gobierno de Guatemala presentó una nueva política pública de protección a los defensores de derechos humanos, que busca garantizar su vida, seguridad e integridad. El plan incluye mecanismos de prevención de riesgos, protocolos de investigación y coordinación con el Poder Judicial para asegurar acceso a la justicia y reparación digna.
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El presidente Bernardo Arévalo calificó la medida como un día “histórico para Guatemala” y afirmó que la política busca dar al Estado herramientas reales para proteger a quienes defienden los derechos de las personas “en todos los ámbitos de la vida”.
El anuncio ocurre mientras más de cien exfiscales, jueces y periodistas permanecen exiliados tras denuncias de persecución judicial. En prisión continúa el periodista José Rubén Zamora, sin juicio ni condena, y aún están detenidos los líderes indígenas arrestados hace siete meses por exigir el respeto a los resultados electorales de 2024.
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Organizaciones civiles celebraron el avance, aunque recordaron que la protección solo será efectiva si se garantiza el fin de la impunidad en los ataques contra activistas y comunicadores.
El caso del defensor Florentín Gudiel Ramos, asesinado en 2004, fue recordado durante la presentación. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por su muerte. Su hija, Makrina Gudiel, expresó que espera que esta política “evite la violencia contra quienes defienden la vida” y que tragedias como la de su padre no vuelvan a repetirse.
La implementación del plan estará a cargo del Ministerio de Gobernación y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, con acompañamiento de organizaciones civiles. El ministro Marco Villeda subrayó que “por primera vez reconocemos que los defensores no son adversarios, sino aliados de la democracia”.
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