Este 6 de noviembre de 2025 entró en vigor la Ley 1223 de Telecomunicaciones Convergentes, conocida como la “nueva ley mordaza”, que otorga amplios poderes de vigilancia y control al Estado sobre el internet, las telecomunicaciones y los contenidos digitales en Nicaragua.
El nuevo marco legal legítima al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) como órgano centralizador de regulación y vigilancia del ciberespacio, obligando a operadores y proveedores a entregar datos georreferenciados de usuarios y a obtener licencias para operar. Esta ley que acaba de entrar en vigencia, Ley 1223, fue aprobada en octubre de 2024 y amenaza con entregarle las herramientas al poder ejecutivo nicaragüense para ejercer aún más control sobre la ciudadanía.
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Especialistas en el país advierten que la norma pone en riesgo la privacidad, la libertad de expresión y a los creadores de contenido independientes, quienes quedarían expuestos a
- Sanciones arbitrarias
- Censura
O incluso la propia suspensión de servicios bajo criterios amplios de “seguridad nacional” definidos de forma discrecional por el régimen. Desde ya, quienes, de alguna manera, hacen oposición se encuentran preocupados por la nueva arma que legalmente tendrán en su contra y que, ante su ambigua redacción, podría llevarlos a ser juzgados por cualquier tipo de acción o contenido que se produzca en el escenario del ciberespacio.
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