La violencia contra alcaldes en México deja diez asesinatos en un año. El crimen de Carlos Manzo en Michoacán muestra la vulnerabilidad del poder local ante el crimen organizado.
La reciente ola de asesinatos contra autoridades locales en México ha encendido las alarmas del Gobierno. El crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante un acto público del Día de Muertos, marcó un punto crítico en la creciente violencia política que atraviesa el país.
En los últimos doce meses, diez presidentes municipales han sido asesinados en distintos estados como Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Michoacán, según registros oficiales. Pese a contar con protección federal, Manzo fue atacado frente a decenas de personas, lo que ha generado protestas e indignación social.
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Uruapan, con más de 360 mil habitantes, es un territorio disputado por varios grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, lo que agrava la vulnerabilidad de las autoridades locales.
México cuenta con tres niveles de gobierno, pero el municipal es considerado el más débil ante el control del crimen organizado. “Es el eslabón más frágil de la estructura de gobierno”, explicó Javier Oliva, investigador de la UNAM.
Según el informe Votar entre Balas de Data Cívica, cerca del 80% de la violencia político-criminal en el país afecta a funcionarios municipales. Además, Michoacán concentra la mayoría de los ataques registrados en lo que va de 2025. Las policías locales, con escasos recursos y limitada capacitación, no logran contener las disputas territoriales del crimen organizado.
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Oliva considera que el asesinato de Manzo “envía un mensaje de impunidad y desafío al Estado”. Señala, además, la falta de respuestas concretas en el Plan Michoacán presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que no incluye medidas claras para desmantelar las estructuras criminales.
Mientras tanto, los municipios siguen siendo el frente más débil en la lucha contra la violencia que desangra al país.
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