En 2025, el sector público de Argentina realizó 87.603 abortos. Trece provincias compran los insumos con fondos propios ante el retiro del Estado nacional, según el Proyecto Mirar.
La Ley 27.610 sigue vigente en Argentina y los equipos de salud continúan garantizando el acceso al aborto. Sin embargo, el Estado nacional se retiró de esta política y las provincias tuvieron que sostenerla con recursos propios. Así lo muestra el informe “El reto de sostener el aborto legal en Argentina”, del observatorio Proyecto Mirar.
Durante 2025, el sector público realizó 87.603 abortos en 20 provincias, una cifra estable frente a la medición anterior.
Trece provincias compraron mifepristona y misoprostol con presupuesto propio después de que el Ministerio de Salud de la Nación dejó de adquirir estos insumos. Hoy, 1.846 efectores públicos garantizan las interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE).
El 70 % de esos centros pertenece al primer nivel de atención. Además, 9 de cada 10 abortos ocurren dentro de las 12 semanas de gestación.
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Entre 2023 y 2026, el gasto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable cayó cerca del 57 %. La cobertura de anticonceptivos pasó de más de 1,2 millones de personas en 2024 a apenas 63.000 en 2026.
“No se observan retrocesos visibles porque las provincias, los equipos de salud y las usuarias están haciendo esfuerzos importantísimos”, explicó Mariana Romero, médica epidemióloga del CEDES y del CONICET.
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En la última década, la fecundidad bajó 69 % entre niñas de 10 a 14 años y 70 % entre adolescentes de 15 a 19. Las muertes maternas por aborto, además, cayeron a la mitad tras la sanción de la ley.
El marco legal se mantiene firme. Ninguno de los 75 proyectos presentados en 2025-2026 para limitar la ley avanzó, y la justicia rechazó 35 de las 38 causas en su contra. Aun así, Romero advierte que el pronóstico es “complejo e incierto”, porque difícilmente una política funcione sin insumos garantizados.
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