La muerte de una bebé de seis meses en el municipio de El Espinal, departamento del Tolima, provocó indignación en Colombia luego de que autoridades confirmaran que la menor habría sido víctima de violencia sexual.
La niña, identificada como Mía Cataleya Ramírez López, permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, donde finalmente falleció este miércoles debido a la gravedad de las lesiones. La Defensoría del Pueblo condenó el caso y pidió a la Fiscalía General avanzar con rapidez en la investigación para identificar y sancionar a los responsables.
“La muerte de la menor es dolorosa, indignante y representa una grave vulneración de los derechos de la infancia”, expresó el organismo en un comunicado oficial.
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La Defensoría aseguró que toda forma de violencia contra niños y adolescentes resulta inadmisible y calificó la violencia sexual infantil como una forma extrema de tortura. Además, solicitó a las autoridades judiciales actuar “con la mayor diligencia” para esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia para la menor.
Medios colombianos informaron que la madre de la bebé habría llegado al hospital bajo presuntos efectos de sustancias psicoactivas. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente esos detalles dentro de la investigación. La Gobernación del Tolima también reaccionó al caso y manifestó públicamente su dolor por la muerte de la niña.
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La tragedia generó fuertes reacciones en redes sociales y renovó las discusiones sobre la protección de menores en situaciones de vulnerabilidad en Colombia. “Ningún niño merece crecer entre el miedo, el maltrato o el abandono”, señaló la Gobernación del Tolima en un mensaje publicado en plataformas digitales. Organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron fortalecer los sistemas de atención y prevención de violencia infantil, además de acelerar las rutas de protección para menores en riesgo.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Mía Cataleya se convirtió en un símbolo del reclamo ciudadano contra la violencia hacia la niñez y la exigencia de respuestas rápidas por parte de las autoridades judiciales y de protección familiar.
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