El Ingesa confirmó que el 100 % de los médicos de Melilla son objetores de conciencia, lo que obliga a derivar los abortos a centros privados fuera de la sanidad pública.
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad de España, reconoció que todas las mujeres que solicitan un aborto en Melilla deben ser derivadas a centros privados, debido a que el 100 % de los médicos de la sanidad pública en la ciudad son objetores de conciencia.
La directora general del Ingesa, Isabel Muñoz, explicó que el organismo analiza distintos modelos del Sistema Nacional de Salud para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de sus competencias, sin vulnerar el derecho de los profesionales a objetar.
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Muñoz aseguró que la ley que regula el aborto “se está cumpliendo” y que las mujeres de Melilla pueden acceder a este servicio sin coste. Sin embargo, la prestación no se realiza en los hospitales públicos, sino mediante convenios con centros privados concertados.
De acuerdo con datos oficiales, 128 mujeres melillenses interrumpieron su embarazo en 2023, todas en clínicas privadas: tres en hospitales y 125 en centros extrahospitalarios.
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La objeción total de los médicos en Melilla y Ceuta, ambas gestionadas por el Ingesa, ha contribuido a que estas ciudades tengan las tasas más bajas de abortos del país: solo 4,08 interrupciones por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, frente a la media nacional de 12,22.
En Ceuta se registraron 15 abortos en 2023, también en clínicas privadas.
El Ingesa insiste en que trabaja para armonizar el derecho de las mujeres con la libertad de conciencia de los profesionales, aunque por ahora, las derivaciones siguen siendo la única vía disponible.
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