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El gobierno de Petro presentó una ley para someter a la justicia a guerrillas, narcos y manifestantes, con penas reducidas y entrega parcial de bienes ilícitos.
El presidente Gustavo Petro presentó al Congreso un ambicioso proyecto de ley que busca someter a la justicia a diversos grupos armados, desde guerrillas con motivaciones políticas hasta poderosos cárteles del narcotráfico como el Clan del Golfo. La iniciativa ofrece beneficios jurídicos y reducción de penas a cambio del desarme, reparación a las víctimas y entrega de bienes ilícitos.
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La propuesta contempla tres niveles de beneficiarios: actores armados como el ELN y disidencias de las FARC; bandas criminales de alto impacto en Medellín y Buenaventura; y personas procesadas por protestas sociales en 2021.
Para las organizaciones criminales se ofrecen penas reducidas entre un 40% y 60%, y hasta el 70% en casos de protesta social. También podrán conservar hasta el 12% de sus bienes si cumplen con los requisitos: entrega de menores reclutados, colaboración con la verdad y renuncia a delinquir.
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El Congreso deberá debatir la ley en medio de una etapa preelectoral. Críticos, como el expresidente Juan Manuel Santos, alertan sobre riesgos de impunidad y falta de planeación. El gobierno insiste en que no habrá impunidad, ya que las penas mínimas están garantizadas. La fiscalía sería la encargada de procesar a quienes se acojan, pero persisten dudas sobre su capacidad institucional. La ley representa un intento por dar resultados concretos a la promesa de paz total, aunque aún debe superar resistencias políticas y jurídicas.
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