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El Senado dominicano aprueba un Código Penal sin causales para el aborto. Juristas alertan sobre vacíos legales que podrían costar vidas y criminalizar a médicos.
Después de más de seis horas de debate, el Senado dominicano aprobó en segunda lectura el proyecto que reforma el antiguo Código Penal. La propuesta, ampliamente criticada por organizaciones feministas, excluyó las tres causales que permitirían la interrupción del embarazo: cuando está en riesgo la vida de la madre, en casos de violación o incesto, o si el feto es inviable.
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En su lugar, el artículo 112 introdujo una eximente de responsabilidad penal en casos en los que el aborto busque salvar la vida de la madre o del feto. Sin embargo, el texto exige que “se agoten todos los medios científicos y técnicos disponibles” sin definir cómo ni quién debe determinarlo.
La falta de claridad genera preocupación entre profesionales de la salud. El senador Moisés Ayala, también ginecobstetra, propuso una moción para proteger legalmente al personal médico, pero fue rechazada.
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Expertos legales advierten que esta ambigüedad podría llevar a procesos penales contra médicos que actúen en emergencias obstétricas, generando miedo y retrasos en la atención.
En un país donde el aborto está completamente penalizado, la reforma consolida un marco que ignora estándares internacionales de derechos humanos y pone en riesgo la vida de mujeres y niñas. El nuevo Código, lejos de modernizar la legislación, perpetúa una deuda histórica y refuerza un sistema de justicia que podría castigar a quienes salvan vidas.
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