Italia aprueba una ley histórica que reconoce el feminicidio como delito específico, lo castiga con cadena perpetua e impulsa un debate nacional sobre educación y prevención.
Italia aprobó una ley que introduce el feminicidio en su código penal y establece la cadena perpetua como castigo. La decisión llegó el mismo día en que el mundo conmemora la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lo que reforzó el impacto del anuncio. La votación contó con apoyo bipartidista y avanzó con 237 votos, impulsada por una serie de casos recientes que sacudieron al país.
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Uno de los episodios que marcó el debate fue el asesinato de Giulia Cecchettin en 2023, un caso que abrió discusiones profundas sobre la violencia machista y el arraigo del patriarcado en la cultura italiana. El gobierno de Giorgia Meloni defendió la necesidad de reforzar las sanciones y anunció nuevas inversiones para refugios, líneas de ayuda y campañas educativas.
Aunque la oposición respaldó la ley, remarcó que la respuesta del gobierno se concentra en el ámbito penal y deja de lado desigualdades estructurales. Señalaron que la prevención sigue siendo una deuda pendiente, sobre todo en un país donde la educación sexual y emocional no es obligatoria.
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El debate se encendió aún más con un proyecto de ley que busca limitar este tipo de educación en las escuelas. La propuesta exige consentimiento explícito de los padres para clases en secundaria y prohíbe cualquier contenido de educación sexual en primaria. La coalición gobernante sostiene que así protege a los menores, mientras que activistas y partidos opositores describen la iniciativa como un retroceso que frena herramientas clave para prevenir la violencia.
Según Istat, en 2024 se registraron 106 feminicidios en Italia, 62 en manos de parejas o exparejas. Las cifras alimentan la presión social para adoptar medidas que no solo castiguen, sino que eviten que la violencia avance.
La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, insistió en que la prevención debe comenzar en las aulas. Recordó que Italia sigue siendo uno de los pocos países de Europa donde la educación sexual y afectiva no es obligatoria, y pidió que se implemente en todos los niveles escolares.
La aprobación de la ley marca un avance importante, pero el debate demuestra que Italia se encuentra en un punto decisivo: convertir la justicia penal en una herramienta efectiva sin descuidar los cambios culturales y educativos que podrían transformar el país desde la raíz.
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